La agenda y la opinión pública en México se satura con asuntos de política de bajo nivel y cuestiones irrelevantes que distraen de las urgentes y trascendentes. Mientras tanto, se toman decisiones o se imponen cambios poco meditados que tendrán un alto costo para la nación. Un ámbito en el que el retroceso se profundiza, con claras implicaciones para la inversión y el clima de negocios, es el energético.
En los mismos días de la presentación del nuevo plan de infraestructura con participación de la iniciativa privada, como pretendida muestra de voluntad para generar sinergias, parecía consumarse la claudicación de los órganos reguladores de dicho sector a las directivas del Gobierno Federal.
Ese proceso se aceleró a partir del memorándum, enviado a los reguladores en julio, con 17 puntos en los que se les pide el acatamiento o acompañamiento para, en esencia, volver de facto a un sector energético dominado por los monopolios del Estado, más allá de lo que diga la ley y la Constitución.
Hay que subrayar que estas instancias supuestamente son autónomas en sus determinaciones técnicas, con un mandato expreso sobre ejes como la competencia y la eficiencia de costos. Sus facultades no son compatibles con buena parte de lo que se les exige en el documento en cuestión, y todo indica que lo están siguiendo con decisiones y acciones concretas.
Según reportan los medios, ya habrían aceptado los términos los comisionados y directivos de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control del Gas Natural, mientras que el titular del Centro Nacional de Control de Energía dimitió.
Esta situación no sólo es contraria a lo que estipula la legislación para los órganos y las obligaciones y objetivos que entrañan los cargos de sus funcionarios. Sobre todo, va en contra de las tendencias en el mundo, así como de los desafíos, las necesidades y las áreas de oportunidad en materia energética, ambiental y económica de nuestro país.
De esta forma, se atenta contra proyectos productivos en áreas como generación renovable o comercialización de petrolíferos, al erigirse una barrera de facto, que además inhibe la inversión en general, pues se vulnera la certidumbre jurídica, clave para proyectos productivos de largo plazo.
En esa perspectiva, el pleno de la CRE acaba de decidir que no se permitirá que las plantas de autoabasto provean electricidad a nuevos socios, lo cual puede trastornar planes de negocios que se hicieron con un marco normativo que se cambia abruptamente.
Mientras tanto, se han implementado ajustes administrativos y modificaciones regulatorias que han paralizado el otorgamiento de permisos o la realización de trámites, lo cual detiene muchos proyectos.
A fin de cuentas, es la misma situación de discrecionalidad, falta de certeza jurídica o no cumplimiento del Estado de derecho que se advierte en otros ámbitos. Por ejemplo, con el bloqueo de vías de ferrocarril y casetas de peaje o en nueva tramitología como la que está afectando gravemente la importación de insumos necesarios en la industria.
Hay un nuevo énfasis en una burocratización paralizante: ya sea por desconocimiento y prácticas administrativas inconsistentes, o bien con la deliberada intención de obstruir los proyectos privados y favorecer los del gobierno. Difícilmente puede pensarse que no la hay, cuando justamente eso se pide en el memorándum referido.
Basta un somero repaso de algunas de sus directivas para confirmar eso. Muchas son, en realidad, buenos deseos o malas apuestas de inversión. Otras, al ser contrarias a la legislación aplicable, de realizarse, darán paso tanto a amparos como a litigios internacionales, incluyendo denuncias contra violaciones a tratados como el TMEC.
Por ejemplo, se pide el congelamiento del precio de combustibles y electricidad, receta perfecta para que eventualmente se incrementen exponencialmente las pérdidas. Por otro lado, se llama a la autosuficiencia energética, pero cómo podría lograrse esto si se impide la inversión privada y el gobierno no tiene recursos para fondear ese objetivo por cuenta.
Se habla de detener la exportación de petróleo y la importación de gasolinas, pero no de dónde vendrían las divisas que Pemex y el gobierno necesitan para el servicio de su deuda. Asimismo, de la supresión de subsidios a empresas particulares, cuando no hay tales; al contrario: se subvenciona a Pemex y al consumo eléctrico básico.
En el mismo sentido, se pide privilegiar el despacho de las centrales de CFE, sin que medie el criterio de costo/eficiencia. Nuevamente, esto contraviene la legislación, en particular la que rige al Mercado Eléctrico Mayorista, a las de competencia y a las obligaciones de los reguladores. Lo mismo aplica para la solicitud de apoyar a Pemex en la distribución de energéticos a fin de impedir que pierda participación de mercado.
Insistir en esta dirección causará grandes daños al país en términos de inversión, atraso tecnológico, inseguridad en el suministro para la industria y el desarrollo económico, así como costos ambientales y para el erario, al grado de comprometer el grado de inversión de nuestra deuda soberana.

Fuente: elsoldemexico.com.mx