El caso de Luis Carlos Vizcarra Millán, empresario petrolero, ha revelado una serie de fallas en la actuación de la Fiscalía de Quintana Roo ante su secuestro y la manipulación de transferencias bancarias por un grupo armado. Vizcarra Millán, oriundo de Tamaulipas y vinculado con contratos de Pemex a través de su empresa Perfolat de México, fue privado de su libertad el 20 de noviembre en un fraccionamiento de Playa del Carmen donde vivía con su familia.
Durante su cautiverio, ocurrido en su residencia, Vizcarra Millán fue obligado a realizar transferencias a diez empresas desconocidas, sumando un total de aproximadamente 360 millones de pesos. A pesar de la complejidad de la situación y la implicación del crimen organizado, la fiscalía estatal ha sido criticada por no identificar a los familiares de la víctima como ofendidos y por desviarse hacia una "persecución" en lugar de concentrarse en la resolución del caso.
Esta situación ha dejado a la familia de Vizcarra Millán en una angustiante espera, mientras el empresario sufrió torturas frente a sus hijos. Uno de los beneficiarios de las transferencias es Desarrollo 1540, una empresa que ya había enfrentado problemas legales anteriormente. La falta de acción contundente por parte de las autoridades ha suscitado preocupaciones sobre su compromiso y eficacia en la lucha contra el crimen en la región.