El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha experimentado un notable aumento en costos y plazos a medida que avanza su desarrollo. Originalmente, los contratos para los primeros cinco tramos del tren sumaban 130 mil millones de pesos entre 2020 y 2021, pero para 2023 esa cifra se disparó a 306 mil 357 millones de pesos.
Este incremento se ha visto conducido por la concesión de nuevos contratos y modificaciones sustanciales a los ya existentes, especialmente a favor de empresas como Mota-Engil, ICA, CICSA y Grupo INDI, encargadas de las obras de los tramos 1 a 5 Sur. A esto se suman los 38 mil 741 millones de pesos gastados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7, además del aumento en el costo de adquisición y mantenimiento de los trenes, que pasaron de 36 mil 563 millones de pesos en 2021 a 42 mil 489 millones en 2023.
Un análisis de informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado desviaciones presupuestarias significativas, incluyendo irregularidades por 2 mil 592 millones de pesos en 2023, donde la mayor parte de estas irregularidades no corresponden a la Sedena, que tiende a ser menos transparente en su rendición de cuentas.
El ya problemático Tramo 5, que debería conectar Cancún y Tulum, ha ilustrado cómo se han incrementado los costos. Luego de una serie de problemas con las licitaciones y una oferta rechazada del fondo de inversión BlackRock, el Fonatur dividió el tramo y asignó contratos anteriormente planificados a distintos consorcios. Grupo México, que inicialmente obtuvo el contrato por 17 mil 815 millones de pesos para el Tramo 5 Sur, se escudó en dificultades técnicas y llevó a la cancelación anticipada de su contrato. A partir de ese momento, el gobierno fragmentó el tramo en partes más pequeñas y otorgó los contratos a sus contratistas preferidos, lo que resultó en que al final de 2023 el monto vinculado al Tramo 5 Sur alcanzara 80 mil 852 millones de pesos, un incremento exponencial respecto a la licitación original.
Este caso pone de relieve las complicaciones y desafíos relacionados con la transparencia y la gestión de costos en uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno mexicano en los últimos años.