El caso de Wilbert Joseph Castañeda Gómez resalta la creciente preocupación por la situación de los derechos humanos y los presos políticos en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Según el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, existen casi 1,800 personas detenidas por motivos políticos en el país, lo que indica una grave crisis humanitaria.
Romero critica la falta de acción del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en respuesta a las violaciones de derechos humanos que han emergido tras las controvertidas elecciones presidenciales de 28 de julio, donde Maduro fue declarado ganador a pesar de las denuncias de fraude. Las protestas suscitadas por la oposición han resultado en un alto número de muertes y desaparecidos, con implicaciones serias en la seguridad de los ciudadanos.
La Doctrina Estrada, citada por Sheinbaum, se utiliza como una justificación para la inacción mexicana en asuntos externos, en este caso, la situación en Venezuela. Sin embargo, Romero argumenta que los gobiernos deben denunciar y reaccionar ante violaciones sistemáticas de derechos humanos independientemente de estas doctrinas de no intervención. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos y la respuesta de México ante la crisis venezolana.