El caso Narvarte, que ocurrió el 31 de julio de 2015, ha sido uno de los más impactantes y dolorosos en la Ciudad de México. La promesa de la entonces fiscal General de Justicia de la ciudad, Ernestina Godoy Ramos, de resolver este multihomicidio en un año no se cumplió, lo que ha generado una gran frustración y descontento entre los familiares de las víctimas.
Este multihomicidio dejó cinco personas muertas: la colombiana Mile Martín, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa. A medida que pasan los años, las familias de las víctimas continúan buscando justicia y respuestas mientras critican la falta de avance en la investigación.
El nuevo titular de la Fiscalía, Ulises Lara, hereda una situación donde las denuncias por omisiones y retrasos son constantes. La reciente designación de Godoy Ramos en la Consejería Jurídica de la Presidencia ha sido vista como un agravio por los familiares, quienes consideran que no se ha hecho justicia y que las recompensas a quienes no han cumplido con su deber agravan su dolor.
La lucha de las familias continúa, exigiendo no solo justicia por los asesinatos, sino también la garantía de que estos actos de violencia no se repitan, lo que refleja una profunda insatisfacción con el sistema de justicia y las decisiones que se toman a nivel gubernamental.