La situación en el Poder Judicial de México ha generado un clima de tensión y protesta en respuesta a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha llevado sus preocupaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando un aumento en la hostilidad hacia la judicatura. En su encuentro virtual con representantes de la Corte Interamericana, destacaron la falta de disposición al diálogo por parte de los legisladores y el Ejecutivo, lo que consideran una violación a convenciones internacionales.
Desde el 19 de agosto, los trabajadores del Poder Judicial han llevado a cabo un paro de labores como forma de protestar contra dicha reforma. En ese mismo día, se realizó una votación entre jueces y magistrados para decidir la suspensión de actividades. Estas acciones han sido criticadas por el presidente López Obrador, así como por miembros de su partido, Morena, y de su coalición en el Congreso. También ha habido comentarios despectivos hacia la decisión de los jueces por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá funciones a finales de octubre.
Los jueces han expresado su preocupación por las posibles sanciones penales que podrían enfrentar por oponerse a la propuesta de elección popular para los jueces, alertando sobre un clima de intimidación en el ejercicio de su labor. La situación refleja una creciente fricción entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en un contexto donde la independencia judicial se encuentra en el centro del debate público.