La reciente aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados de México ha generado un amplio debate sobre la regulación de armas y la seguridad en el país. Con 476 votos a favor y solo dos abstenciones, esta legislación permitirá a funcionarios de varias entidades gubernamentales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el Banco de México (Banxico), portar armas de fuego, siempre que justifiquen su necesidad y cumplan con los requisitos de la ley.
Además, la reforma otorga a ejidatarios, comuneros y jornaleros el derecho a poseer ciertos tipos de armas para su defensa personal, siempre que puedan demostrar su actividad en el sector rural. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumirá un papel más destacado en la regulación de permisos de adquisición y licencias para portar armas automáticas de alto calibre, mientras que también se restringirá la fabricación y uso de armas elaboradas artesanalmente.
La discusión ahora avanza al Senado, donde se analizará el impacto que tendrá esta reforma en la violencia y la seguridad en el país, así como sus implicaciones para la población civil y el control de armas. Este cambio legislativo es parte de un contexto más amplio donde la seguridad pública y el control de armas son temas de creciente preocupación en México.