Asesinan a integrante de Guerreros Buscadores, colectivo que descubrió el Rancho Izaguirre

El asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Ramírez Morales ha desatado una ola de indignación y preocupación entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos en México. Estos trágicos acontecimientos, ocurridos el 24 de octubre, han resaltado la impunidad y la falta de protección que enfrentan los buscadores en un entorno marcado por la violencia y la amenaza del crimen organizado.
Los Guerreros Buscadores, a los que pertenecía María del Carmen, han denunciado el descubrimiento de un posible centro de exterminio en el municipio de Teuchitlán, lo que intensificó el nivel de riesgo para sus integrantes. A pesar de los evidentemente peligrosos hallazgos, el gobierno federal ha desestimado estas denuncias, y la situación se agrava con las amenazas recibidas por las personas buscadoras.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha emitido un comunicado en el que afirma que el asesinato de Morales y su hijo es un "grave mensaje de represalia" para los demás colectivos que trabajan en la búsqueda de sus seres queridos, reflejando una alarmante falta de medidas de protección por parte del Estado. La organización ha decidido suspender sus actividades de búsqueda y reuniones con el gobierno hasta que se garanticen medidas de seguridad adecuadas.
Además, la situación se complica para los familiares de víctimas de desaparición forzada que han sido citados por el Ministerio Público, ya que no se les ha proporcionado protección para sus traslados, lo que ha llevado a la suspensión de reuniones críticas para la búsqueda de justicia.
Amnistía Internacional ha intervenido en la situación, demandando la implementación de medidas de protección para las familias de buscadores, resaltando la urgencia de brindar seguridad a quienes buscan a sus seres queridos en un contexto de violencia sistemática. Las demandas de justicia y protección continúan resonando entre la sociedad y las organizaciones civiles que claman por un cambio en la respuesta del Estado ante esta crisis de derechos humanos.

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