El gobierno de México está preparando cambios legislativos para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia liberen cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas como el lavado de dinero sin un juicio de fondo. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este problema ha permitido que personas involucradas en actividades ilícitas, que han tenido sus cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se amparen y recuperen sus fondos de manera temporal antes de un juicio completo.
Sheinbaum subrayó que, a pesar de la evidencia de mala utilización de recursos y otros delitos, los jueces han liberado cuentas sin un juicio de fondo, lo que considera como una forma de corrupción. En respuesta a esta situación, el gobierno busca modificar la Ley ORPI y algunos artículos del Código Penal para permitir que el gobierno actúe como ofendido en los juicios de lavado de dinero, buscando así darle más solidez a su posición ante los jueces.
El titular de la UIF, Pablo Gómez, mencionó que desde 2018 hasta marzo de 2025, se han bloqueado cuentas de un total de 7,815 individuos y entidades, con montos significativos congelados en pesos, dólares y euros. Actualmente, hay cerca de 6,545 personas y entidades en la lista de bloqueados. Estas modificaciones buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar los procesos judiciales relacionados con el lavado de dinero.