El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, ha reestablecido las medidas de vigilancia impuestas a Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), quien enfrenta graves acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto que supera los 58 millones de pesos. Este tribunal determinó que el juez de control, Gregorio Salazar Hernández, no tenía la autoridad para desestimar las acusaciones ni validar la legalidad de los recursos que Sosa Castelán había manejado a través de una empresa presuntamente fachada.
La decisión unánime de los magistrados implica que Sosa Castelán deberá volver a cumplir con medidas como el uso de un brazalete electrónico y firmar periódicamente, mientras se prepara para ser juzgado en un Tribunal de Enjuiciamiento como parte de la causa penal 263/2020.
El caso se centra en la supuesta organización criminal denominada "La Sosa Nostra", que, según la Fiscalía General de la República (FGR), operaba mediante una estructura compleja que incluía la creación de empresas y la movilización de dinero de manera ilícita. A pesar de los intentos de la defensa de Sosa de demostrar la legalidad de los movimientos de dinero, el juez consideró que existían suficientes evidencias de irregularidades en el manejo de los recursos de la UAEH.
El tribunal basó su reactivación de las medidas en el análisis de un peritaje contable que no convenció al juez de que los recursos en cuestión fueron adquiridos legítimamente, lo que refuerza la perspectiva del ministerio público de que hubo un blanqueo de capitales. Así, Sosa Castelán vuelve a tener que rendir cuentas ante la justicia, en medio de un proceso que ha llamado la atención por la magnitud de los cargos y las implicaciones de corrupción en el ámbito educativo.