El 5 de marzo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México dará a conocer su votación sobre un proyecto que reconoce la responsabilidad del Estado en casos de feminicidio. Este proyecto busca reparar el daño a las víctimas indirectas y garantizar la no repetición de estos crímenes, alineándose con estándares internacionales.
Este litigio se origina a partir del caso de Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años que fue asesinada hace 10 años. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha resaltado que sus padres han enfrentado diversas adversidades en su búsqueda de justicia, incluyendo desplazamientos y la muerte de su hijo a causa de negligencia médica.
A pesar de que dos de los tres responsables del feminicidio fueron condenados, se negó el reconocimiento formal de sus padres como víctimas indirectas, limitando su acceso a la reparación. La ministra Margarita Ríos Farjat está a cargo del análisis y el proyecto de sentencia relacionado con este caso, en el cual se consideran estándares internacionales y precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La OCNF ha instado a los ministros de la SCJN a votar a favor del proyecto, que podría establecer un precedente importante para la reparación integral de daños en feminicidios en el país. La organización argumenta que la consideración como víctima indirecta debería basarse en el vínculo con la víctima y el impacto sufrido por los familiares, en lugar de formalismos legales.