Las declaraciones de las diócesis de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas ponen de relieve la grave situación que enfrentan los migrantes en su paso por la frontera sur de México. La denuncia sobre el control que los cárteles de narcotráfico ejercen sobre los flujos migratorios y la complicidad de las instituciones de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, destaca una problemática compleja que agrava la vulnerabilidad de los migrantes.
La inseguridad, en particular los secuestros de migrantes —especialmente mujeres—, y la política migratoria que no respeta la dignidad de las personas, son aspectos críticos mencionados en su pronunciamiento. Esto se suma al contexto de desplazamientos forzados generados por el reclutamiento violento y las prácticas criminales de los cárteles, llevando a muchas familias a huir en busca de seguridad.
El papel del Instituto Nacional de Migración (INM) también es cuestionado, ya que se menciona que este ha dejado a muchos migrantes varados, exacerbando la crisis humanitaria actual. A pesar del riesgo y de las condiciones adversas que enfrentan, la migración continúa siendo una opción para muchos.
Además, el recordatorio de la tragedia del 9 de diciembre de 2021, que dejó un saldo trágico de migrantes fallecidos, subraya la urgente necesidad de abordar estos problemas de manera efectiva. La reciente detención de una banda criminal en Guatemala reflejada en las declaraciones no parece ser suficiente para combatir la impunidad y corrupción que persisten, evidenciando la complejidad de la problemática migratoria en la región.
La iglesia católica, a través de su Pastoral Social y de Movilidad Humana, sigue insistiendo en la necesidad de atención a la dignidad y derechos de los migrantes, así como en la urgencia de una respuesta humanitaria adecuada ante la crisis actual.