En sus primeros cien días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado un enfoque radicalmente diferente al de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, en la lucha contra la violencia y el crimen organizado. Mientras que López Obrador promovía la estrategia de "abrazos, no balazos", centrada en abordar las causas de la violencia a través de programas sociales, Sheinbaum ha optado por operar una respuesta más contundente, con operativos que involucran a fuerzas policiales y militares.
Uno de los retos más significativos que ha enfrentado su administración es la violencia que se ha intensificado en Sinaloa, provocada por la detención de Ismael "Mayo" Zambada. Este problema no es exclusivo de Sinaloa; también se ha manifestado en otros estados como Chiapas y Tabasco, donde la situación de seguridad es igualmente precaria y donde Morena, el partido en el poder, tiene gobernaturas.
Sheinbaum ha heredado una situación compleja en Sinaloa, donde, a pesar de los esfuerzos previos con el despliegue de Fuerzas Armadas, la violencia persiste. Su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha intentado coordinar acciones en la zona, pero los índices de homicidios y otros delitos siguen siendo alarmantes. No obstante, el gobierno reportó una reducción del 16.3% en homicidios dolosos a nivel nacional en comparación con la administración anterior.
Una de las principales iniciativas de su gobierno ha sido la Operación Enjambre en el Estado de México, que ha resultado en la detención de más de 40 funcionarios públicos por supuestos vínculos con el crimen organizado, marcando un esfuerzo por desmantelar la corrupción dentro de las instituciones.
En resumen, la administración de Claudia Sheinbaum ha adoptado un enfoque más agresivo contra el crimen, enfrentando una herencia problemática de violencia y clamando por una mayor coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad, en contraste con la estrategia preventiva de su predecesor.