El asesinato del sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez ha generado una profunda conmoción y ha puesto de relieve la grave situación de inseguridad en Chiapas, México. La decisión de la fiscalía federal de asumir la investigación plantea la posibilidad de que el homicidio esté vinculado al crimen organizado, un fenómeno que ha crecido en la región, en gran parte debido a la confrontación entre cárteles que buscan el control territorial.
Marcelo Pérez, conocido por su labor en favor de los derechos humanos y su mediación en conflictos sociales y políticos, había sido objeto de múltiples amenazas a lo largo de su labor. A pesar de las solicitudes de protección solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las medidas no se implementaron de manera efectiva, lo que ha llevado a varios colectivos de derechos humanos a culpar a las autoridades por su asesinato.
La escalada de violencia en Chiapas ha sido alarmante, especialmente en un contexto en el que las comunidades se enfrentan no solo al crimen organizado, sino también a una historia prolongada de violencia política, social y agraria. Las declaraciones del cardenal Felipe Arizmendi, quien criticó la estrategia de seguridad del gobierno, reflejan la creciente frustración e impotencia frente a la creciente ola de violencia que afecta a la región.
Marcelo Pérez había advertido sobre la situación crítica en Chiapas, describiéndola como una "bomba de tiempo", y su muerte ha intensificado las preocupaciones sobre la seguridad de aquellos que defienden los derechos humanos en un estado donde la criminalidad y la impunidad parecen estar en aumento.