El artículo aborda la situación de Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador y actual diputado federal, quien enfrenta una denuncia por tentativa de violación interpuesta por su media hermana. Ante la votación en la Cámara de Diputados, donde se determinó que la solicitud de desafuero era “notoriamente improcedente”, organizaciones feministas y activistas expresaron su rechazo, acusando de una maniobra política para proteger al legislador y criticando la impunidad que benefician a políticos influyentes.
Las colectivas exigieron que se retire el fuero a Blanco Bravo, advirtiendo que la falta de acción enviaría un mensaje de permisividad ante la violencia de género, debilitando la confianza en el sistema judicial. Hicieron un llamado a las diputadas federales a adoptar una postura firme a favor de la justicia y las víctimas, y enfatizaron que el debido proceso debe realizarse sin privilegios que el cargo otorgue.
Finalmente, resaltaron que la decisión del Congreso es crucial para mostrar el compromiso del Estado mexicano con la lucha contra la violencia de género y para la erradicación de la impunidad en el contexto de abusos por parte de figuras públicas.