El gobierno del presidente Donald Trump llevó a cabo la construcción de un muro de aproximadamente nueve metros de altura sobre la canalización del río Tijuana, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el cumplimiento de tratados internacionales relacionados con límites territoriales y naturales. Este muro fue diseñado como un acceso para la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Funcionarios de Baja California y expertos en ingeniería han señalado que la estructura, que incluye compuertas electrónicas de acero para controlar el flujo del agua, podría provocar inundaciones severas en Tijuana y San Ysidro, California, si no se gestiona adecuadamente durante situaciones de emergencia. Adriana Reséndez Maldonado, responsable de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), afirmó que la construcción del muro contraviene un acuerdo de 1977 entre México y Estados Unidos, el cual establece que cualquier obra en el canal del río Tijuana debe ser discutida y autorizada mutuamente por ambos gobiernos.
Reséndez advirtió que las consecuencias del muro podrían incluir inundaciones y, en extensión, daños y pérdida de vidas en el territorio mexicano. A pesar de la oposición de las autoridades mexicanas, una fuente anónima de la CILA reveló que las autoridades de México estaban al tanto del proyecto desde sus inicios y, aunque se estaba en desacuerdo, no se tomaron medidas para detenerlo.