La reciente aprobación en el Congreso de Chiapas de leyes para combatir la violencia de género representa un avance significativo en la protección de las mujeres y las infancias en el estado. La "Ley Monzón" se destaca por su enfoque en la pérdida de derechos parentales para aquellos padres condenados por feminicidio o su tentativa, en un esfuerzo por salvaguardar a los niños de los efectos nocivos de tener a un feminicida como figura paterna.
Además de esta ley, se establecen sanciones más severas para otros tipos de violencia, incluyendo ataques con ácido y sustancias corrosivas, lo que refleja una respuesta más contundente ante la creciente preocupación por la violencia de género en la sociedad.
El reconocimiento de la necesidad de reformas que prevengan la revictimización de las mujeres, así como la penalización de conductas que dificultan la justicia, como las obstrucciones por parte de algunos jueces, son pasos importantes hacia una mayor equidad y justicia para las víctimas de violencia.
El contexto de estas reformas también resalta la importancia del activismo y la presión social ejercida por colectivos feministas, que han sido fundamentales en la identificación y propuesta de cambios en la legislación para la mejora de la situación de las mujeres en Chiapas y el país en general.