La noticia sobre la revocación de la prisión domiciliaria de Mario Marín, exgobernador de Puebla, es un desarrollo significativo en el caso que involucra a la periodista Lydia Cacho. El Tribunal Colegiado de Apelación en Cancún determinó que Marín, quien está acusado de torturar a Cacho, representa un riesgo de fuga, lo que llevó a la decisión de trasladarlo al Centro Federal de Reinserción Social 1 “Altiplano” en el Estado de México.
Desde agosto de 2024, Marín había estado bajo prisión domiciliaria en Xilotzingo, Puebla, donde era monitoreado mediante un brazalete electrónico. Sin embargo, tanto Cacho como la Fiscalía General de la República (FGR) impugnaron esta medida, argumentando que no era suficiente y que se debía considerar la peligrosidad del exgobernador.
La periodista expresó su satisfacción por la decisión del tribunal a través de un video en redes sociales, destacando que dos de los tres magistrados coincidieron en que Marín debe ser encarcelado en un penal de máxima seguridad debido a su condición de "preso peligroso". Este fallo tiene implicaciones importantes en la búsqueda de justicia y en la lucha contra la impunidad en casos de violencia hacia periodistas.