La situación descrita en la noticia resalta un conflicto significativo entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) en México, en el contexto de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este conflicto se centra en la selección de jueces, magistrados y ministros, un proceso que ha sido objeto de diversas suspensiones por parte de jueces federales que critican la reforma.
El TEPJF, bajo la dirección de su presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, ha ordenado al Comité de Evaluación retomar el proceso de selección, desestimando las suspensiones judiciales que habían instruido detenerlo. Soto argumenta que el TEPJF es la única autoridad competente para tomar decisiones relacionadas con el proceso electoral y que las actuaciones de otras autoridades deben ceñirse a las reglas electorales.
Este enfrentamiento se ha intensificado en los últimos meses, ya que algunos jueces y magistrados han emitido suspensiones que cuestionan la constitucionalidad de la reforma judicial, llevando a una división clara entre quienes apoyan la continuidad del proceso electoral y quienes buscan frenar los efectos de la reforma hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto.
El contexto señala una lucha de poderes y la tensión entre los diferentes cuerpos del sistema judicial en México, así como las implicaciones políticas de la reforma judicial en curso. La respuesta del TEPJF contrasta con los esfuerzos de algunos miembros del PJF, reflejando un ambiente de disputas legales y jurisdiccionales que podría tener efectos duraderos en la estructura del sistema judicial en el país.