El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, es un caso emblemático que ha representado la falta de justicia en México para los periodistas. Martínez, quien cubría temas de derechos humanos, crimen organizado y los vínculos entre el narcotráfico y la política en Veracruz, fue asesinada en 2012. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reabrir la investigación sobre su muerte a finales de 2020, casi cinco años después, el caso sigue sin resolverse.
La promesa de López Obrador refleja un reconocimiento de la necesidad de hacer justicia en casos de asesinatos de periodistas, que son una preocupante realidad en México, donde la impunidad prevalece. El exmandatario indicó que no hay razones para que estos homicidios queden impunes y subrayó la importancia de esclarecer los casos.
No obstante, la situación de Regina Martínez se complica aún más debido a la forma en que se clasifica su asesinato. Inicialmente, las autoridades lo categorizaron como un crimen "pasional", lo que restó seriedad a la investigación y desvió la atención de las posibles razones relacionadas con su trabajo periodístico. Además, desde el ámbito judicial, se negó a Proceso el reconocimiento como víctima en este caso, obstaculizando aún más el proceso de justicia.
La historia de Regina es un recordatorio del riesgo que enfrentan los periodistas en su labor de informar y el reto constante que representa la búsqueda de justicia en un entorno donde los crímenes de esta naturaleza a menudo quedan sin respuesta.