La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) ha recomendado iniciar un expediente de hechos para investigar la aplicación de las leyes ambientales por parte del gobierno mexicano en relación con el proyecto ferroviario Ímuris-Nogales. Este megaproyecto, impulsado durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y gestionado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha despertado preocupaciones sobre el cumplimiento de la normativa ambiental, en particular sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA).
El Secretariado de la CCA ha señalado posibles irregularidades en las autorizaciones ambientales y la falta de un debido proceso, lo que incluye la ausencia de una consulta pública y la omisión de información relevante sobre los impactos del proyecto, especialmente considerando que se lleva a cabo en una zona con áreas naturales protegidas. Aunque el gobierno mexicano ha destacado los beneficios económicos del proyecto para la relación comercial con Estados Unidos, la CCA precisó que su revisión se centra únicamente en el cumplimiento normativo ambiental, sin considerar factores económicos o estratégicos.
La aprobación del proyecto se realizó a través de un decreto presidencial que priorizó ciertos megaproyectos, lo cual, según el Secretariado, eludió la debida evaluación ambiental y afectó la transparencia del proceso, contraviniendo lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).