El proceso legislativo en la Cámara de Diputados de México ha generado controversia después de que la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales decidiera convocar a una sesión permanente para el 1 de agosto, con el objetivo de comenzar a dictaminar un paquete de reformas propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero. La oposición ha expresado su descontento, acusando al partido Morena y a sus aliados de realizar un "albazo" y establecer una "mordaza" al limitar la posibilidad de presentar reservas en las discusiones de los dictámenes durante las comisiones.
La diputada de Morena, Lidia García Anaya, leyó un acuerdo en el que se estipula que no se permitirían reservas en las reuniones de la Comisión, sino que dichas reservas se presentarían únicamente en el Pleno. Esto provocó la ira de los opositores, quienes argumentan que tal medida es un intento de silenciar voces y evitar un debate adecuado sobre los temas importantes que se están discutiendo.
La diputada panista Paulina Rubio criticó la falta de transparencia en el proceso, destacando que no se ha proporcionado un calendario claro sobre cuándo se discutirían los distintos temas en el Pleno, lo que deja a la ciudadanía en una situación de incertidumbre y desinformación. La votación en la Junta Directiva fue de 12 a 3 a favor del acuerdo, lo que refleja una clara división en la Cámara entre los partidos del gobierno y la oposición.