El caso de Pedro Cortés López y Diego Mendoza Cruz ha suscitado una fuerte reacción de organismos de derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. Estas organizaciones se han unido para manifestar su preocupación por la condena de más de 110 años de prisión impuesta a ambos indígenas tseltales, argumentando que no se les ha proporcionado un juicio justo y que la sentencia resulta injusta dado que, según ellos, no participaron en los delitos de los cuales se les acusa.
La condena se relaciona con la desaparición forzada de 19 personas en el municipio de Pantelhó, Chiapas, en julio de 2021, en el contexto de un enfrentamiento entre grupos armados. A pesar de que las pruebas sobre su implicación son cuestionadas, la jueza Mitzi Guadalupe Flores Rocha dictó la severa sentencia en marzo de este año.
Organizaciones de derechos humanos han alegado que la trayectoria de los acusados y sus actividades comunitarias, como el liderazgo de Cortés en el concejo municipal provisional y el trabajo de Mendoza como carpintero, prueban que no están relacionados con los hechos delictivos. Estas entidades han tomado medidas adicionales, incluyendo la presentación de quejas ante la ONU y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, buscando que se revisen las violaciones ocurridas durante su detención y el juicio.
Este caso refleja las tensiones y la violencia que persisten en ciertas regiones de México, donde la lucha entre grupos de autodefensa y criminales a menudo deja a las comunidades en situaciones vulnerables. La defensa de Cortés y Mendoza resalta las complejidades de la justicia en contextos marcados por la impunidad y el conflicto armado.