Las organizaciones civiles, incluida la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem) y Fundar, han hecho un llamado al Estado mexicano para abordar de manera efectiva la problemática de la desaparición de personas en el país. En el contexto de la transición entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, se destaca la necesidad de responder a la "deuda histórica" de verdad y justicia hacia las numerosas víctimas de desapariciones forzadas, cifra que supera las 116 mil personas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Las organizaciones mencionaron el caso emblemático de Rosendo Radilla Pacheco, líder campesino desaparecido hace 50 años, como un símbolo de la lucha por la justicia. Se reconoció el trabajo de su hija, Tita Radilla Martínez, quien ha liderado la búsqueda de su padre y otros desaparecidos. Su esfuerzo ha dado frutos, resultando en una reciente sentencia de amparo que clasifica la desaparición forzada de Radilla Pacheco como “terrorismo de Estado”, un reconocimiento histórico que abre la puerta a una mayor investigación y sanción de los responsables de la represión durante la "guerra sucia".
El comunicado conjunto subraya la importancia de este fallo, que no solo analiza las violaciones de derechos humanos de esa época, sino que también busca resignificar los eventos y las luchas de aquéllos que se opusieron a las injusticias del Estado. Se espera que este tipo de sentencias promueva una mayor transparencia y justicia para las víctimas y sus familias, así como un reconocimiento del impacto del terrorismo de Estado en México.