Lamentablemente, los hechos mencionados reflejan la trágica realidad de la violencia que enfrentan muchos activistas y defensores de derechos humanos en México. La desaparición y hallazgo sin vida de Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo, Alexander Hernández, subrayan los riesgos a los que se enfrentan aquellos que luchan por la justicia y los derechos de las comunidades indígenas.
El trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, junto con otras instancias federales, destaca la importancia de la colaboración interinstitucional en la búsqueda de justicia y la lucha contra la impunidad en casos de desapariciones forzadas. Sin embargo, este caso también pone de relieve la compleja problemática del crimen organizado en ciertas regiones del país y cómo estos grupos pueden estar involucrados en la violencia contra individuos comprometidos socialmente.
La identificación de una persona como presunta responsable en este caso es un paso en la dirección correcta, pero es crucial que se continúe con la investigación para desmantelar las redes delictivas que operan en la zona y para garantizar la seguridad de otros activistas en el futuro. La protección de los derechos humanos y la seguridad de quienes defienden esos derechos son aspectos fundamentales para la paz y la justicia en cualquier sociedad.