La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma que otorga "superpoderes" a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha generado un amplio debate. Al no alcanzar la mayoría de ocho votos para invalidar esta reforma, Taddei podrá ejercer la facultad de nombrar a los titulares de Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas sin requerir la consulta al Consejo General del INE.
La reforma, que afecta los artículos 45 y 48 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), fue impugnada por partidos de oposición a través de una acción de inconstitucionalidad, y una mayoría de seis consejeros del INE también presentó una controversia constitucional.
Específicamente, el artículo 45 le quita al Consejo General la potestad de aprobar nombramientos de Directores Ejecutivos, mientras que el artículo 48 establece que la Junta General Ejecutiva, compuesta por Taddei y los directores que ella designe, será responsable de los acuerdos relacionados con las actividades del INE en los procesos electorales.
El voto en contra de ministras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como la ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, propiciaron que solo seis ministros apoyaran la propuesta de invalidar las nuevas facultades de Taddei. La decisión de la Corte no solo afecta la estructura operativa del INE, sino que también plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la independencia del organismo electoral en México.