El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) ha declarado inválida la posibilidad de que Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado, sea sometido a un proceso de revocación de mandato. Esta decisión se basa en el principio de que ninguna ley debe tener efectos retroactivos en perjuicio de las personas, tal como lo estipulan el artículo 14 de la Constitución y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde la publicación de la Ley de revocación de mandato el 2 de febrero de 2024, se han presentado tres solicitudes para convocar este proceso contra Rocha Moya, quien asumió el cargo el 6 de junio de 2021. Sin embargo, el IEES desestimó estas solicitudes en su reciente sesión, argumentando que se apegan a la garantía de seguridad jurídica.
La decisión llega en un contexto marcado por altos niveles de violencia en Sinaloa, atribuida a la lucha entre grupos del crimen organizado, así como por la aparición de acusaciones sobre la supuesta implicación del gobernador en actividades ilegales. Estos aspectos han generado cuestionamientos sobre su desempeño y legitimidad en el cargo. Estos factores han provocado que la temática de la revocación de mandato cobre relevancia, a pesar de la resolución del IEES.