El caso de Esmeralda, una menor de 14 años acusada de homicidio calificado tras sufrir un aborto espontáneo relacionado con una violación, ha generado polémica y ha sido objeto de atención mediática y social en México. La Fiscalía de Querétaro ha tomado la decisión de acusar a la menor, pidiendo tres años de cárcel y una cantidad significativa en reparación del daño, aunque la situación del embarazo fue consecuencia de un abuso sexual.
La ilegalidad del caso es doble: primero, Esmeralda fue víctima de una violación perpetrada por un menor cercano a su familia, y segundo, se argumenta que el aborto fue espontáneo, lo que significa que no hubo intención de interrumpir un embarazo viable. Pese a esto, la fiscalía ha reclassificado el caso a homicidio calificado y ha cerrado la investigación sobre el abuso sexual.
Este caso ha suscitado una discusión sobre el tratamiento legal de las víctimas de violencia sexual y la criminalización de las menores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció al respecto, afirmando que no se debería criminalizar a una niña y anunciando que se ofrecerá apoyo a la familia de Esmeralda.
La defensa de Esmeralda, representada por Mayra Dávila de Adax Digitales, destaca la evidencia médica que respalda la autenticidad de su aborto espontáneo. La polémica se enmarca en un contexto más amplio de derechos de las mujeres y menores en México, especialmente en relación a embarazos derivados de violaciones y la responsabilidad del sistema judicial y de salud en proteger a las víctimas.