La situación en torno a la Corte Penal Internacional (CPI) ha generado un intenso debate en la comunidad internacional, especialmente a raíz de las acciones del gobierno de Donald Trump contra el tribunal, en respuesta a las órdenes de aprehensión emitidas por la CPI contra líderes israelíes por presuntos crímenes de guerra. La postura de México, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, de respaldar la CPI y condenar los intentos de interferencia externa en su funcionamiento, se enmarca en un contexto de defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional.
La reacción de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que califican las acciones de Trump como un respaldo a la impunidad y un intento de proteger a los acusados de crímenes de guerra, demuestra la creciente preocupación por lo que consideran un ataque a la justicia internacional. Estas organizaciones resaltan el peligro que representa para la justicia global y para las víctimas de crímenes graves cuando un país como Estados Unidos, en su papel de líder mundial, toma decisiones que podrían perpetuar la impunidad.
Este tema no solo afecta las relaciones entre Estados Unidos e Israel, sino también las dinámicas más amplias de justicia internacional, así como las perspectivas de paz en el Medio Oriente, donde las tensiones continuan elevándose. La condena a las acciones de Trump por parte de muchos gobiernos y organizaciones sugiere que hay un debate crucial sobre la función de la CPI y la necesidad de proteger su independencia frente a presiones políticas.