La reciente reforma judicial en México ha generado una notable división entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La situación se ha visto marcada por la postura de tres ministras en particular: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Estas ministras no solo han apoyado la reforma, sino que han manifestado su intención de ser candidatas en futuras elecciones populares para ocupar puestos de jueces y magistrados.
La reforma fue aprobada con el respaldo del Ejecutivo y el partido oficialista en el Legislativo, lo que llevó a una reacción contundente de la mayoría de los ministros, que se opusieron a la reforma y decidieron unirse a un paro de los trabajadores del Poder Judicial. Esta decisión refleja la tensión existente en el ámbito judicial a raíz de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en funciones del Poder Judicial.
Históricamente, los ministros de la Suprema Corte habían mantenido una postura neutral en relación con las acciones del Ejecutivo y Legislativo, evitando pronunciarse públicamente sobre ellas. Sin embargo, la iniciativa que propone elegir a los jueces, magistrados y ministros por voto popular ha fracturado esta tradición, creando dos bloques evidentes en el pleno de la Corte.
Lenia Batres, quien se convirtió en la primera ministra designada directamente por el presidente desde la reforma de 1994, ha tomado un papel activo al participar en foros y mítines para abogar por la reforma judicial. Su nombramiento se dio tras el rechazo del Senado a las ternas propuestas por López Obrador, lo que destaca la conexión entre la nueva configuración del tribunal y la política del actual gobierno.
Este clima de discordia promete mantenerse en las sesiones futuras de la Corte, especialmente en la reunión programada para el próximo 17 de octubre, donde los ministros que se oponen a la reforma continuarán expresando sus preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial en México.