El reciente desarrollo en la Ciudad de México, donde dos jueces federales han logrado suspender la reforma judicial propuesta por el gobierno, ha generado un impacto significativo en el proceso legislativo. Las suspensiones, emitidas por la jueza Martha Eugenia Magaña López en Morelos y el juez Felipe V Consuelo en Chiapas, obligan a la Comisión de Puntos Constitucionales a detener la entrega del dictamen de la reforma al pleno de la Cámara de Diputados.
Estas suspensiones son un hecho inédito y reflejan el desacuerdo y las preocupaciones dentro del Poder Judicial respecto a la reforma. El caso de Morelos es notable porque la jueza se excusó de participar en el proceso, aunque aún así dictó la suspensión. Esto sugiere que existe una percepción de que la reforma puede tener repercusiones negativas para los trabajadores y juzgadores del Poder Judicial.
Asimismo, la decisión del juez en Chiapas también resalta preocupaciones similares y establece una audiencia incidental para el 6 de septiembre, donde se discutirán más a fondo los efectos de la reforma. El hecho de que ambos jueces expresaran un enfoque similar indica un posible consenso sobre la necesidad de revisar los aspectos de esta reforma antes de continuar con su tramitación legislativa.
Ahora, el proceso deberá ser revisado por un tribunal colegiado, lo que añadirá una capa de complejidad, dado que los magistrados del tribunal también pueden tener intereses en el tema. Este desarrollo es un reflejo del ambiente tenso y conflictivo en el que se está debatiendo la reforma judicial en México.