Defensores de derechos humanos piden a Sheinbaum que los dejen de ver como “enemigos”

El reciente asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en Chiapas pone de manifiesto la agravante situación de violencia que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, una crisis que parece haber continuado con la administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia tras Andrés Manuel López Obrador. Esta serie de homicidios destaca no solo la fragilidad de la protección hacia los activistas, sino también una herencia de violencia que se ha sostenido a lo largo de diversos gobiernos.
Desde el inicio del mandato de Sheinbaum, se han reportado otros casos alarmantes, como el asesinato de Gerardo Cruz Palacios en Oaxaca, sumándose a una lista creciente de defensores ejecutados. Entre ellos, el informe de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) menciona a seis activistas asesinados durante los últimos meses de López Obrador, reflejando una continua tendencia de violencia.
Organizaciones civiles como la Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos han documentado más de 90 crímenes contra defensores desde que López Obrador comenzó su mandato. Este patrón de agresiones no es nuevo; según Francisco Cerezo Contreras del Comité Cerezo, se viene observando desde el gobierno de Felipe Calderón, vinculando estas violaciones a una política de contrainsurgencia que data de 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otros grupos.
ACUDDEH argumenta que ha habido un total de 345 asesinatos de defensores desde la administración de Calderón hasta mayo de 2024, lo que plantea serias preguntas sobre el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos humanos y el respeto a la labor de los defensores. La stigmatiización de estos activistas en las conferencias matutinas presidenciales ha contribuido, según organizaciones civiles, a un clima de inseguridad que parece normalizar la violencia contra quienes luchan por los derechos de las comunidades más vulnerables.

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