El caso de Carlota "N" resalta una problemática creciente en México: el aumento de conflictos relacionados con la ocupación ilegal de propiedades. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 28,364 denuncias por delitos de despojo, indicando que este tipo de situaciones son cada vez más comunes en todo el país.
En este caso específico, Carlota, de 76 años, es acusada de asesinar a un adolescente y a su padre en Chalco, Estado de México, en el contexto de una disputa por un departamento que ella y su familia afirman que les pertenece. A pesar de que habían intentado notificar a las autoridades sobre la ocupación, no obtuvieron respuesta antes del trágico suceso. Los ocupantes, por su parte, afirmaron que pagaban renta a alguien más que decía ser el propietario, aunque admitieron que no verificaron la legalidad de esa situación.
La ocupación ilegal, o despojo inmobiliario, implica la toma de un inmueble sin el consentimiento del propietario. Según el Código Penal Federal, esto puede llevar a penas de prisión y multas. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades puede exacerbar tensiones similares a la de Carlota, lo que requiere una atención urgente para abordar el aumento de este tipo de delitos y prevenir consecuencias trágicas.