El Estado mexicano ha admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no llevó a cabo un diagnóstico adecuado del sistema de justicia antes de implementar la reforma judicial, que ha sido criticada como un caso de "constitucionalismo abusivo". José Antonio Montero, representante del gobierno, defendió la reforma al alegar que era necesaria para restaurar la confianza del público en los tribunales, debido a la percepción de que los jueces han fallado en su deber de justicia, liberando a delincuentes peligrosos y omitiendo sentencias con perspectiva de género, entre otros problemas.
A pesar de las críticas, Montero señaló que ha habido análisis y recomendaciones desde 2017 que justifican la reforma, aunque no se realizó un diagnóstico formal. Durante la audiencia, el comisionado Carlos Bernal Pulido subrayó que este tipo de reformas se alinea con estrategias vistas en contextos autoritarios globales, donde los gobiernos buscan debilitar los contrapesos al poder ejecutivo. La situación en México fue presentada como un caso ilustrativo de este fenómeno contemporáneo.