La mala calidad del aire en el Valle de México se ha agudizado durante los últimos dos años; al analizar las causas, encontramos que tanto la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” y la Refinería “Miguel Hidalgo” ambas ubicadas en el municipio de Tula de Allende y que se encuentran a 70 km y 12 km -respectivamente- de la Ciudad de México, son dos de las centrales más contaminantes y peligrosas para la salud en todo México ya que propician la contaminación por la dispersión de dióxido de azufre y de partículas PM2.5, las cuales ocasionan enfermedades cardiovasculares, cerebro-vasculares, neurológicas y respiratorias; se estima que tan solo la refinería es la causante de once mil muertes al año.
De acuerdo con información publicada por la revista de la industria energética, Petroquimex el complejo industrial de Tula ocupa el segundo lugar entre 500 empresas en México, Canadá y Estados Unidos en emisiones de SO2.
Esta situación ha puesto de manifiesto la falta de políticas públicas tanto del Gobierno Federal como del Gobierno de la CDMX para tratar de contrarrestar los graves efectos que está causando, por el contrario, sólo se han observado medidas reactivas – Como el doble hoy no circula- que terminan siendo insuficientes ante la gravedad de la situación, recordemos que en el 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró emergencia ambiental en Tula y a la fecha, la situación no está ni cerca de mejorar.
Desde la cámara de Diputados la situación no ha sido muy diferente, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la H. Cámara de Diputados, la Diputada Edna Díaz Acevedo presentó una propuesta para que se mejoren los mecanismos de vigilancia y monitoreo del aire, con el objetivo de informar oportunamente de los aumentos en dichas concentraciones, y prevenir a la población, así como también disminuir las contingencias ambientales, sin embargo, algo que se destaca es la carencia de iniciativas para atacar el problema de raíz.
Otro punto no menos importante a destacar es que como parte de los acuerdos de Paris, existe una mayor presión externa para cumplir con los compromisos para combatir el cambio climático, es por ello que las empresas públicas y privadas deben incorporar estándares más avanzados de sostenibilidad medioambiental, social y de Gobierno Corporativo ESG, por sus siglas en inglés, esto puede implicar cambios importantes ya que en caso de no cumplir se verán impactados costos y acceso a fuentes de financiamiento.
El prescindir de “combustibles fósiles” en nuestro país no es tarea fácil porque estamos hablando de un proceso de transición en el que deben converger intereses comunes entre intereses públicos y privados, y la falta de acuerdos nos ha puesto en una posición de rezago con altos costos sociales.