La situación en Citilcum, un pueblo de origen maya, ha generado tensiones significativas debido a la construcción del Tren Maya, un proyecto emblemático del actual gobierno federal de México. La obra, que busca promover el desarrollo en el sureste del país, ha tenido consecuencias directas en las comunidades locales, en este caso, afectando el acceso de los pobladores a la escuela primaria de la localidad vecina de Kimbilá.
Los residentes de Citilcum han expresado su descontento ya que el trazado del tren ha separado su comunidad de la escuela, lo cual complica el acceso tanto para los padres de familia como para los estudiantes. Esto ha llevado a la exigencia de reubicar la escuela, una demanda que no fue atendida durante las negociaciones con un representante de la Secretaría de Gobernación.
Como resultado de la protesta llevada a cabo por los pobladores en mayo, que incluyó el bloqueo de la vía del tren, la empresa responsable del proyecto ha tomado medidas legales contra algunos de los participantes, lo que ha exacerbado el conflicto. La exigencia de la empresa de que los involucrados se disculpen públicamente y se comprometan a no realizar más protestas refleja una postura rígida ante las críticas y la resistencia de la comunidad.
Este tipo de situaciones pone de relieve las complejidades sociales, políticas y económicas que surgen en proyectos de desarrollo infraestructural, especialmente en comunidades que históricamente han tenido poco poder en la toma de decisiones que afectan sus vidas y su entorno. La respuesta de las autoridades y empresas frente a estas demandas se convierte en un punto crucial para la resolución del conflicto y la posible reconciliación entre los derechos de los pueblos indígenas y los intereses del desarrollo.