El decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum establece importantes cambios en la capacidad de impugnación de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre, deja claro que tanto las controversias constitucionales como las acciones de inconstitucionalidad no podrán usarse para cuestionar estas reformas.
La reforma a la fracción II del artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución establece que las sentencias en juicios de amparo solo se aplicarán a las personas que lo soliciten, sin que sus efectos sean generales en el caso de normas generales. Esto significa que quienes busquen amparo por cuestiones constitucionales estarán limitados a la protección individual y no podrán afectar la validez de normas de manera general.
Esta reforma fue aprobada rápidamente por las 23 legislaturas estatales y la Cámara de Diputados, lo que refleja un consenso amplio en torno a esta medida. Con ello, se busca establecer la supremacía de la Constitución y restringir la posibilidad de impugnar reformas que se consideren inconstitucionales, lo que puede tener un impacto significativo en la dinámica política y judicial del país.