En las últimas dos décadas, la militarización de funciones civiles ha crecido de manera alarmante en México. Lo que comenzó como una estrategia de seguridad pública para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, ha evolucionado hasta convertirse en una constante presencia de las Fuerzas Armadas en tareas tradicionalmente civiles. Este fenómeno plantea serios riesgos para la protección de los derechos humanos y el funcionamiento democrático del país. La reciente incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la persistente delegación de funciones administrativas a las Fuerzas Armadas, agravan las preocupaciones sobre el rumbo que está tomando el Estado mexicano en su relación con los militares.

De la excepcionalidad a la norma.

            La intervención militar en tareas de seguridad pública en México no es nueva, pero sí ha cobrado una relevancia mayor desde 2006, cuando el gobierno federal decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a los cárteles de la droga. Desde entonces, tanto la SEDENA como la Marina han adquirido un papel protagónico en la estrategia de seguridad, al punto de que las funciones militares han dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una práctica cotidiana. La creación de la Guardia Nacional en 2019 y su posterior adscripción a la SEDENA consolidaron un modelo de seguridad militarizada que fue elevado a rango constitucional, lo que no solo normaliza el uso de la fuerza armada en el ámbito civil, sino que pone en conflicto la garantía de derechos humanos consagrados en la Constitución.

            Este fenómeno se ha extendido a otras áreas del gobierno, con las Fuerzas Armadas asumiendo tareas administrativas y de infraestructura, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la administración de aduanas y puertos. Este avance militar en el ámbito civil plantea preguntas legítimas sobre el papel del ejército en una democracia y los riesgos que implica su expansión en áreas ajenas a la defensa nacional.

La militarización y sus efectos en los derechos humanos.

            Los datos sobre violaciones de derechos humanos cometidas por militares en tareas de seguridad pública son preocupantes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido múltiples recomendaciones en los últimos años contra la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional por casos de tortura, desaparición forzada y uso excesivo de la fuerza. La persistencia de estas violaciones sugiere que el enfoque militarizado no solo es ineficiente para reducir la violencia, sino que además perpetúa un ciclo de impunidad y abuso que mina la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

            La formación militar, orientada al uso de la fuerza y la defensa territorial, difiere sustancialmente de la capacitación civil en derechos humanos y prevención del delito. Cuando se emplean soldados para patrullar calles o enfrentar protestas, la posibilidad de que ocurran abusos es considerablemente mayor, en parte debido a la falta de protocolos específicos para el manejo de situaciones civiles de alto riesgo. Ejemplos como los incidentes en Nuevo Laredo y Chiapas, donde murieron civiles a manos de militares, evidencian la falta de formación adecuada y de mecanismos de rendición de cuentas eficaces. El fuero militar, además, sigue siendo un obstáculo para la justicia, ya que dificulta que las víctimas de abusos encuentren un camino efectivo para hacer valer sus derechos.

Efectos en la democracia y el Estado de derecho.

            Más allá de los problemas evidentes en materia de derechos humanos, la militarización tiene un impacto profundo en la calidad democrática del país. La democracia se fundamenta en el principio de la separación de poderes y el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando los militares asumen funciones propias de autoridades civiles, se difumina la línea entre el poder civil y el militar, lo cual debilita las instituciones democráticas. La incorporación de la Guardia Nacional a la SEDENA es un claro retroceso en el esfuerzo por consolidar una policía civil que esté sujeta a los controles propios de un Estado democrático.

            Además, la creciente presencia militar en funciones administrativas y de seguridad genera un entorno donde el uso de la fuerza se convierte en la respuesta preferida para una amplia gama de problemas sociales, desde la delincuencia hasta la gestión de migración y el control de manifestaciones. Esto no solo erosiona la capacidad del Estado para abordar los problemas mediante el diálogo y la intervención civil, sino que también debilita el principio del Estado de derecho, ya que la aplicación de la ley se convierte en una cuestión de fuerza y no de justicia.

La necesidad de un cambio de enfoque.

            Para revertir la tendencia hacia la militarización de funciones civiles, es imperativo fortalecer las instituciones de seguridad pública y justicia en los niveles federal, estatal y municipal. La solución no puede pasar únicamente por el despliegue de militares en las calles, sino por la construcción de un modelo de seguridad ciudadana que respete la dignidad humana y se base en la prevención del delito. Las policías civiles deben ser profesionales y contar con recursos suficientes para desempeñar sus funciones, de modo que sean una alternativa viable frente a la militarización.

            De igual forma es importante garantizar la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en su actuación en funciones civiles. El fuero militar no debe ser un escudo contra la justicia; por el contrario, es necesario establecer mecanismos claros y transparentes para que los abusos cometidos por elementos castrenses sean juzgados en tribunales civiles. La experiencia internacional demuestra que la reducción de la violencia y el fortalecimiento del Estado de derecho pasan por políticas de seguridad que privilegian el respeto a los derechos humanos y la protección de la población.

            La creciente militarización de funciones civiles en México no solo plantea desafíos para los derechos humanos, sino que también representa un riesgo significativo para la calidad democrática del país. Las Fuerzas Armadas cumplen una función crucial en la defensa nacional, pero no están diseñadas para asumir roles propios de las instituciones civiles. Continuar por la senda de la militarización no resolverá los problemas de seguridad, sino que perpetuará un ciclo de violencia y desconfianza. Es momento de replantear la estrategia de seguridad y de fortalecer las capacidades civiles, garantizando que la protección de los ciudadanos se base en la justicia y no en la fuerza.

            La preservación de la democracia en México depende de la capacidad del Estado para limitar la intervención militar en la vida civil y para garantizar que los derechos humanos sean el fundamento de todas sus políticas públicas.