En una reciente conferencia de prensa, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció lo que calificó como un “traslado” sin precedentes de 29 “generadores de violencia” a Estados Unidos. García Harfuch enfatizó que esta decisión fue tomada por el gabinete de seguridad y que la presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo involucrada en el proceso.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, explicó que el gobierno mexicano recibió una solicitud del gobierno estadounidense que especificaba los nombres de los delincuentes que necesitaban ser presentados ante la justicia de Estados Unidos. Esta solicitud fue atendida rápidamente, llevando a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional para analizar las bases jurídicas y proceder de inmediato.
Gertz explicó que, aunque algunos de los delincuentes contaban con amparos que les protegían de la extradición, la operación se justificó bajo el contexto de la Ley de Seguridad Nacional y las facultades de la Presidencia. Aclaro que no se estaba tratando de un procedimiento de extradición, sino de una solicitud en el marco de la seguridad nacional. También se descartó la posibilidad de que estos individuos enfrentaran condenas de muerte en Estados Unidos, afirmando que cualquier operación de este tipo debe respetar las convenciones internacionales existentes.
El operativo y su justificación se dan en un contexto en el que se ha cuestionado si la entrega de los narcotraficantes afectará las políticas comerciales, particularmente la imposición de aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Gertz afirmó que las acciones de México son evidentes y no deberían ser motivo de sanción.