El caso de Rosaura y su agresor, Marco Antonio M.G., ha generado una considerable controversia en el estado de Hidalgo, México. Marcos Antonio, quien era un policía activo, fue acusado de asesinar a Rosaura y a dos familiares tras haber recibido una suspensión condicional en un proceso previo por violencia familiar. A pesar de las advertencias y denuncias de Rosaura sobre el riesgo que representaba su ex pareja, la decisión judicial permitió que Marco Antonio fuera liberado, lo que tuvo consecuencias fatales.
Francisco Fernández Hasbun, encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ha manifestado que el Ministerio Público se opuso a la suspensión condicional del proceso en noviembre de 2024, destacando que la decisión de la jueza Janeth Montiel Mendoza de ofrecer dicha suspensión fue cuestionable. Por su parte, Rebeca Stella Aladro Echeverría, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, defendió la actuación de la jueza, argumentando que no hubo objeciones por parte de la víctima o de la procuraduría en ese momento.
El caso ha revelado errores en la información inicial sobre el número de víctimas, que inicialmente se reportaron como cuatro, aunque posteriormente se aclaró que son tres: Rosaura, su madre y su hermano, mientras que el padre y otro hermano resultaron heridos.
La situación ha puesto de manifiesto la preocupación por la protección de las víctimas de violencia de género y la necesidad de mejorar la respuesta de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La situación ha llevado a cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de protección brindadas y sobre el manejo de los casos de violencia familiar en el sistema judicial del estado.
El caso sigue en curso y continuará siendo objeto de atención pública y mediática, dada su complejidad y la gravedad de los hechos involucrados.