El caso de Héctor Armando Esquinca Avilés, director de la escuela de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), ha tenido un impacto significativo en la comunidad académica y en la sociedad chiapaneca en general. La denuncia hecha por su hija, Gina Gabriela Esquinca Rincón, quien lo acusa de abuso sexual y físico a lo largo de varios años, ha generado un fuerte clamor por justicia y medidas de protección para las víctimas.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha tomado acciones para investigar las denuncias, asegurando que se implementen medidas precautorias para salvaguardar a los estudiantes y al personal de la universidad. Además, un grupo de colectivas feministas ha exigido que las instituciones educativas cumplan con la ley 3 de 3, que prohíbe ocupar cargos en el sector público a personas denunciadas por violaciones a los derechos humanos y delitos de violencia.
El pronunciamiento de Gina ha motivado a otras personas, como ex alumnas, a compartir sus experiencias de acoso y violencia por parte del director, indicando un patrón preocupante de comportamiento que se extiende a lo largo de su carrera.
La respuesta de la UNACH ha sido limitada hasta ahora, pero es evidente que la situación ha llevado a la comunidad a demandar acciones concretas y responsables para abordar y prevenir el abuso en instituciones educativas. La solidaridad y exigencia de justicia por parte de la comunidad y diversas organizaciones subrayan la importancia de tratar estos temas con la seriedad que merecen.