El nombramiento de Cynthia Velázquez Sánchez como Fiscal contra Femicidios en Chiapas ha generado una fuerte reacción negativa entre colectivos feministas y organizaciones que luchan por la prevención del abuso sexual infantil. Estas agrupaciones han expresado su rechazo al considerar que Velázquez tiene vínculos cuestionables, al haber sido abogada de un individuo sentenciado por delitos graves relacionados con la trata de personas, explotación sexual y pornografía infantil.
En un pronunciamiento dirigido al fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, las activistas han planteado serias inquietudes sobre la idoneidad de Velázquez para el cargo, citando su historial como fiscal especializada en Trata de Personas y en Feminicidios. Afirman que durante su desempeño en estas áreas, fue acusada de filtrar información de casos de feminicidio a despachos que defendían a presuntos agresores, lo que pone en entredicho su imparcialidad y compromiso con las víctimas.
La preocupación de las organizaciones, que incluyen diversas profesionales como ingenieras, doctoras y abogadas, radica en la necesidad de que la Fiscalía Especializada en atención al delito de Feminicidio esté dirigida por personas con una trayectoria sólida en derechos humanos y género. Solicitan que el fiscal general seleccione a su personal con cuidado, garantizando que haya un compromiso auténtico con la lucha por la justicia para las mujeres y la protección de la infancia en Chiapas.
El pronunciamiento refleja la necesidad de confianza en las instituciones que deben velar por la seguridad y los derechos de las mujeres y las niñas, enfatizando la urgencia de una gestión adecuada y respetuosa del marco normativo que protege sus derechos.