La reciente reforma judicial en México ha generado preocupaciones significativas entre altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, presidentes de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, han expresado su lamento por los potenciales efectos negativos que esta reforma podría tener sobre los avances en la defensa de los derechos humanos logrados por el poder judicial.
Durante la presentación de sus informes de labores, Pardo Rebolledo destacó que la decisión política detrás de la reforma podría socavar la excelencia profesional del personal judicial que ha trabajado con dedicación y honestidad. Subrayó la importancia de abordar la elección de jueces y la reorganización de órganos jurisdiccionales de forma responsable, resaltando la incertidumbre respecto al funcionamiento futuro de estas instancias.
Ambos ministros coincidieron en que la Corte no logró comunicar de manera efectiva a la sociedad los riesgos asociados con la reforma judicial, sugiriendo que el tiempo demostrará las implicaciones de estos cambios para el sistema de justicia en México. La eliminación de las Salas de la Suprema Corte y los ajustes previstos en la estructura judicial generan inquietudes sobre cómo se garantizará una justicia imparcial y eficiente en el futuro, lo que podría tener un costo significativo para la sociedad.