Las nuevas obras para el Tren Maya no podrán ser llevadas a cabo en 3 municipios del estado de Yucatán, así lo determinó el Tribunal Colegiado Materias del Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que se mantendrá la suspensión provisional que una jueza otorgó a habitantes en esa entidad, por unanimidad, los magistrados del Tribunal Colegiado declararon infundado el recurso de queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo

Fonatur

contra la suspensión que le impide efectuar obras en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá.
El pasado 20 de enero, Karla Domínguez Aguilar, jueza tercero de Distrito en Yucatán, otorgó la medida cautelar a los quejosos porque consideró que con la ejecución del proyecto se podría causar un impacto significativo en el medio ambiente, por toda la pérdida de cobertura vegetal, así como el desplazamiento en la flora y fauna, lo cual de ejecutarse sería irreversible.
El Fonatur argumentó ante el Tribunal Federal que ya se cuenta con la autorización de impacto ambiental, así que era obligación de la juzgadora verificar si el proyecto contaba o no con el proceso de evaluación de impacto ambiental, y que, de contar con él, “entonces no podía considerar la existencia de un daño a los ecosistemas y a la biodiversidad”.
Los magistrados calificaron de inoperantes los alegatos porque no combaten los razonamientos que dieron pie al otorgamiento de la suspensión, “sino que intenta, con fundamento en diversas leyes de la materia, a las que, asegura, se apegaron las responsables, sostener la legalidad de la evaluación de impacto ambiental”.
Agregaron, este tipo de análisis serán materia del fondo del juicio de amparo. El Fonatur reclamó que la jueza pasó por alto que en el caso sí existen terceros interesados y hay empresas que pueden verse afectadas por la paralización del proyecto, de ahí que sí debía imponer una garantía económica a los pobladores para el otorgamiento de la suspensión.
“Es inoperante lo así aducido”, toda vez que la juzgadora resolvió que no se advierte la existencia de un tercero interesado, pues hasta ahora no se ha tenido alguno con tal carácter en el juicio, determinó el Tribunal. En los próximos días, la juez federal deberá resolver si concede o no la suspensión definitiva. En caso de otorgarla, las obras nuevas que se pretenden realizar se mantendrán suspendidas indefinidamente.

Fuente: Milenio