La situación en Oaxaca, en relación a la liberación de la ex presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta, ha generado un profundo descontento y preocupaciones sobre la justicia y la impunidad en casos de desaparición forzada. Lizbeth Victoria Huerta fue acusada de la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz en marzo de 2021, pero recientemente su delito fue reclasificado de desaparición forzada a obstrucción de la justicia, lo que resultó en una condena significativamente menor y su posterior liberación.
Las hermanas de la víctima, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, han manifestado su rechazo a esta decisión judicial, argumentando que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca está favoreciendo la impunidad. Han afirmado su intención de apelar a instancias federales para buscar justicia y reafirmar los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Este tipo de situaciones pone de manifiesto problemas más profundos sobre la gobernabilidad y la protección de los derechos humanos en la región, en un contexto marcado por protestas y manifestaciones.
La resolución del tribunal y la liberación de Huerta también han suscitado críticas sobre la relación entre el poder político y la administración de justicia en Oaxaca, especialmente en el contexto de los vínculos entre Huerta y el actual gobernador Salomón Jara Cruz. La respuesta de las hermanas Uruchurtu refleja una resistencia a aceptar decisiones que consideran injustas y un compromiso activo en la lucha por la verdad y la justicia en el caso de su hermana desaparecida.