La reciente sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mostró una nueva fractura en su interior, esta vez en torno a la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de reagrupar los centros de votación en casillas seccionales y utilizar una única urna para las distintas boletas en la próxima elección judicial del 1 de junio. Este enfoque ha generado controversia, ya que se planea realizar el escrutinio del voto en las sedes distritales y no en las propias casillas, como es habitual en las elecciones tradicionales.
El bloque mayoritario de la Sala, liderado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, dio su respaldo al acuerdo del INE, mientras que los magistrados de la minoría expresaron sus preocupaciones, alertando sobre un posible "retroceso" en el conteo de los votos y la legitimidad de los resultados, en gran parte atribuido a los recortes presupuestarios impuestos al INE por el gobierno federal.
Mónica Soto defendió con vehemencia la nueva modalidad electoral y cuestionó el uso de la palabra "fraude" por parte de sus colegas, a pesar de que ella fue quien la mencionó en múltiples ocasiones. En su discurso, se opuso a las visiones pesimistas sobre el futuro de la elección judicial, argumentando que el pleno no debe fomentar el miedo o la duda sobre el proceso electoral y calificar como una "falacia" cualquier insinuación de que se producirá un retroceso en la democracia del país.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora Malassis, en desacuerdo con la decisión del bloque mayoritario, recordó que la justicia electoral en México se estableció para asegurar un adecuado conteo de votos ante acusaciones previas de manipulación por parte de un partido dominante. Resaltó la importancia de la supervisión ciudadana en el escrutinio y cómputo de votos como un pilar fundamental de la democracia.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón también advirtió acerca de la "falta de certeza" que genera la decisión de utilizar una sola urna para seis boletas en las elecciones judiciales federales y locales, cuestionando la omisión del cómputo en las casillas por parte de los ciudadanos, así como el retraso en el conocimiento de los resultados.
En resumen, este debate dentro del TEPJF refleja la tensión entre diferentes visiones sobre la manera en que se deben llevar a cabo las elecciones y la importancia de mantener la confianza y la transparencia en los procesos democráticos.