El caso de Alejandra, una mujer indígena tseltal en Chiapas, ha suscitado una fuerte denuncia por parte de la Colectiva Cereza, que critica la sentencia de 110 años de prisión por secuestro agravado. La agrupación feminista sostiene que la condena se basa en pruebas circunstanciales y en un razonamiento lógico del juez, sin testigos directos o peritajes que demuestren su culpabilidad.
Este caso se da en un contexto donde el Día Internacional de la Mujer se conmemora con la exigencia de que los delitos se investiguen desde una perspectiva de género. La Colectiva Cereza destaca cómo muchas mujeres son acusadas y condenadas no por sus acciones, sino por su relación familiar o afectiva con personas que cometieron delitos. Esto refleja una tendencia en el sistema judicial de Chiapas, que a menudo resulta en sentencias injustas debido a la falta de un debido proceso, defensas adecuadas y evaluación imparcial por parte de los peritos.
Los miembros de la Colectiva subrayan que la perspectiva patriarcal de fiscales y jueces lleva a una criminalización de las mujeres, quienes son vistas como cómplices simplemente por ser madres, esposas o hermanas de hombres involucrados en actividades delictivas. Se hace un llamado urgente a que el sistema judicial actúe con una enfoque de género, priorizando los derechos humanos y la atención al contexto cultural y social de las mujeres, en lugar de perpetuar la discriminación.
Este caso resalta las injusticias que enfrentan muchas mujeres en el ámbito penal y la necesidad de reformas significativas en el sistema legal para proteger sus derechos y asegurar un juicio justo basado en evidencia concreta.