El asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón resalta la grave situación de seguridad en Guerrero, particularmente en el ámbito del sistema de justicia. Román, quien había criticado las políticas de seguridad del gobierno federal y expresado su inquietud sobre la vulnerabilidad de los jueces en el nuevo sistema penal acusatorio, se convirtió en una víctima de la violencia que afecta a funcionarios públicos en la región.
El ataque tuvo lugar en Acapulco, a plena luz del día, justo cuando el magistrado salía de sus oficinas en el Palacio de Justicia. Este trágico suceso propició la activación del protocolo Código Rojo, que moviliza a las fuerzas de seguridad para buscar a los responsables del asesinato. Es significativo que el crimen se produjo un día después de una reunión de alto nivel sobre seguridad encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un momento en que el puerto estaba bajo un estricto resguardo.
La violencia contra miembros del sistema judicial en Guerrero no es un caso aislado. Solo días antes, un funcionario del Poder Judicial también fue atacado. Estos acontecimientos revelan la creciente preocupación por la seguridad de aquellos que desempeñan funciones judiciales y la impunidad que parece prevalecer en la región. La relación familiar de Edmundo Román con la exalcaldesa Adela Román también añade una dimensión personal a la tragedia, reflejando el impacto de la violencia en las familias de los funcionarios públicos.