La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha decidido seguir analizando la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, a pesar de la solicitud del gobierno capitalino para desestimar la controversia constitucional presentada por la alcaldía de Miguel Hidalgo. Esta ley, que fue impulsada por el exjefe de gobierno Martí Batres, busca regular la creación de programas sociales y la transferencia de recursos a los beneficiarios en la capital, tomando en cuenta factores como el ciclo de vida, el género y la situación de pobreza, entre otros.
Sin embargo, la alcaldía de Miguel Hidalgo ha argumentado que esta ley infringe los principios de independencia y autonomía administrativa que se encuentran en la Constitución de la Ciudad de México, ya que se considera que centraliza los programas sociales. Los artículos en cuestión abordan aspectos como la coordinación de programas sociales y la prevención de la duplicidad en las acciones sociales, lo que ha llevado a este debate legal en la Corte. La decisión de continuar con el análisis permite que se evalúe la legalidad y constitucionalidad de esta legislación en el contexto de la organización administrativa de la Ciudad de México.