El impacto de los cárteles de la droga en el ámbito empresarial de México se ha vuelto cada vez más alarmante, como se ha evidenciado en la reciente situación en Tamaulipas y la decisión de Femsa de clausurar sus operaciones en Nuevo Laredo. La extorsión y el control que estas organizaciones criminales están ejerciendo sobre las empresas están generando un ambiente de miedo y vulnerabilidad no solo para los líderes empresariales, sino también para los empleados y la comunidad en general.
Las declaraciones de Julio Almanza, presidente de la federación de cámaras de comercio del estado, reflejan la gravedad de la situación, describiéndola como un "deporte nacional". Este fenómeno de extorsión, conocido como "cobro de piso", ha llegado a niveles críticos, donde las amenazas y la violencia se han vuelto parte del día a día de los negocios.
La decisión de Femsa de cerrar tiendas y gasolineras en Nuevo Laredo resalta la difícil decisión que muchas empresas deben tomar para proteger a sus empleados y activos frente a las demandas de los cárteles. La presión sobre las tiendas de conveniencia, que sirven como puntos estratégicos para las actividades criminales, ilustra cómo la violencia del narcotráfico ha permeado en la economía local y se ha expandido a sectores fundamentales de la vida cotidiana.
En un entorno donde incluso los líderes empresariales no están a salvo, la situación plantea preguntas cruciales sobre la seguridad pública, la capacidad del estado para proteger a sus ciudadanos y la viabilidad de los negocios en las regiones más afectadas por la delincuencia organizada. La comunidad empresarial y la sociedad civil deben unirse para buscar soluciones que garanticen un entorno más seguro y estable para todos.